martes, 4 de septiembre de 2018

CUANDO UN MUSEO SE QUEMA, ALGO SUYO SE QUEMA



Desde que empecé en la arqueología, y luego en mi trabajo como conservador, he pasado largas horas inspeccionando fichas de objetos e inventarios, fotografías, negativos, piezas singulares o almacenes. También he limpiado y siglado miles de fragmentos de cerámica, etiquetado monedas, fotografiado esculturas, dimensionando cuadros y marcos o cumplimentando registros informáticos.

La documentación es una de las actividades importantes y necesarias que comportan el día a día del trabajo en el museo. Se puede abordar con mayor o menos entusiasmo, pero realizarla a mí siempre me ha generado una profunda satisfacción. Más allá del tedio que a veces supone, siempre he entendido que formalizarla es expresión incontestable del compromiso del museo con su público: el custodiar un determinado acervo cultural y garantizar su transmisión. Por eso, he encontrado muchas veces agrado en anotar un número, en matizar una fecha, en asociar una imagen a un texto o en registrar un nombre. Se trata de una labor en la que he hallado muchas veces el rastro de hombres y mujeres que han hecho antes lo mismo que yo y que contribuye a que me sienta más cerca de la memoria cultural de la sociedad. Esa sensación de que trabajo para un bien común hace que sea más feliz y por ello enterarme de la pavorosa tragedia que ha asolado el Museo Nacional de Brasil no puede generarme más que congoja por los brasileños y pena por sus trabajadores.

Hace unos días pensaba en que los medios de comunicación se pueblan en verano de noticias sobre museos que se limitan a desgranar las habituales cifras descarnadas y que éstas, sin ser indicadoras de nada, al menos servían para destapar alguna vergüenza. Lamentablemente, en el caso brasileño parece que se ha llegado a destiempo de destaparlas. Los titulares de los principales medios de comunicación se han estado centrando en los millones de objetos quemados, como si no fuera una gran pérdida la desaparición de uno solo de esos objetos. Y parecen olvidar el grave daño para la identidad de la sociedad brasileña (se han perdido colecciones insustituibles), el desolador impacto para su autoestima como comunidad (¿qué imagen damos al mundo si no podemos conservar nuestro patrimonio?), las profundas carencias de disfrute y aprendizaje por las visitas que ya no se podrán hacer (al menos hasta que el museo esté reconstruido, eso sí nunca en iguales condiciones) o el importante impacto que se sufrirá en términos económicos.


Da la sensación, algo que llevo tiempo apreciando, que solamente concebimos el patrimonio cultural por sus cifras, habiéndonos acostumbrado además a contar por arrobas, y que somos incapaces de valorar algo si no va acompañado por una métrica que nos facilite la comprensión. Seguramente existe tanta culpa en nuestra despreocupación como en la interesada visión que los políticos transmiten sobre su gestión. Ellos han conseguido hacernos creer que un incremento porcentual de algo es garantía de que lo hacen bien y nosotros lo hemos aceptado porque es más cómodo que ejercitar el análisis crítico. Somos meros devoradores de titulares, de tuits, de posts, sin que nos lleguen a interesar las fuentes, los textos elaborados o las opiniones (a favor o en contra) de otros. Así que hemos caído en la trampa de forjar nuestro criterio a partir de consignas publicitarias, lo cual dice muy poco de nosotros pues denota lo fácilmente manipulables que somos. Y nuestras lagunas impiden que entendamos que la protección del patrimonio es una cuestión esencial que nos incumbe a todos.

¿Acaso es por eso que no lleguemos a entender en su verdadera dimensión lo que está pasando estos días en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando? Aún no está claro dónde está el origen de los daños y a quién corresponden las competencias para solucionarlo, pero lo que es evidente es que nadie quiere tomar decisiones y todos tratan de endosarle el muerto a otro. Y mientras tanto, solamente la insistencia de un determinado periodista y el apoyo de muchos profesionales y amantes del patrimonio para dar difusión del hecho por las redes sociales han conseguido que se haya producido una tímida repercusión que permita pensar en que pueda haber un adecuado desenlace.

Todo ello nos lleva a preguntarnos si los bienes patrimoniales se conservan en condiciones seguras y cuál debe ser la participación de cada sector para garantizar el derecho a disfrutarlos y compartirlos, así como el deber de transferirlos a nuestros herederos.

Nada es simple. La seguridad de los bienes descansa en múltiples factores, bien definidos, pero que normalmente no se concretan de la manera más adecuada. De poco sirve que exista una regulación normativa apropiada si esta no se aplica o no es conocida por parte de quien debe cumplirla. No me vale aludir al axioma de que hay que cumplir la ley aunque no se conozca si la administración responsable no adopta medidas para sancionar el incumplimiento; dejando aparte que muchas veces se adolece de falta de campañas informativas o de sensibilización. Así que tampoco es asumible la postura de muchos titulares de bienes que argumentan esa falta de información para eludir su responsabilidad o que adoptan un bien calculado distanciamiento para argumentar que el patrimonio es común y común ha de ser su mantenimiento. Intelligenti pauca.

Que no se nos olvide que hemos delegado la ejecución de esta labor conjunta para salvaguardar el patrimonio en determinados individuos que han adquirido un compromiso con la ciudadanía; y que los nombramos cada cierto tiempo y tenemos la potestad de removerlos si no lo cumplen. Así que si deciden aplicar recortes, si no ejecutan los presupuestos, si no inspeccionan los bienes, si no se ponen de acuerdo entre ellos para adoptar soluciones, si priman determinadas acciones sobre otras, si desvisten unos santos para vestir a otros, si confían en que nunca pasa nada… ¡hasta que pasa, y con qué consecuencias!, deberíamos hacerles saber que no estamos dispuestos a consentir desmanes o caprichos y que sus errores tienen consecuencias.

Es tranquilizador saber que los grandes museos tienen muy bien definidos sus planes de emergencia (lo que no quita para que un museo deba actualizarlos para evitar sorpresas). Pero, ¿qué ocurre con el resto? ¿En qué grado cuentan con plan de seguridad los museos españoles? ¿Y los de Castilla y León? ¿Cómo gestionan los riesgos y emergencias? ¿Recursos como este de la Dirección General de Patrimonio Cultural se dan a conocer y se generalizan? Más aún, ¿cuántos museos cuentan con plan museológico? ¿Cómo es la formación de los trabajadores? ¿Y la de los agentes que participan en los siniestros? ¿Por qué nos lanzamos a apoyar nuevos proyectos de museos si ni siquiera tenemos claro si los existentes están en las condiciones que deberían estar? ¿La política museística es determinante en este aspecto? ¿Qué se ha hecho en los últimos años? ¿Destinamos a la conservación del patrimonio cultural los recursos suficientes y, si no lo hacemos, cuál es el motivo?

Si empezamos a hacernos estas preguntas, si nos atrevemos a expresarlas en alto y si demandamos respuestas a quien debe darlas, quizá estemos más cerca de evitar desastres como el de Brasil o el de la Real Academia de Bellas Artes.

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