Hace unos años, cuando se empezaron a anunciar medidas contra infracciones de derechos de propiedad intelectual para combatir las inicuas descargas de contenidos culturales, se llegó a oír la frase ¿qué pasa, que ahora tenemos que pagar por escuchar música? La expresión pretendía defender la libre distribución y reproducción de las obras frente al deseo legítimo de autores y distribuidores de proteger la explotación de sus creaciones. Una cosa interesante de esta cuestión, aún no resuelta, es que se ha tratado de abordar mediante la adaptación de la oferta de contenidos a los hábitos de consumo y a unos precios razonables; por ejemplo, cierta afamada aplicación de reproducción de música transmitida en directo cuenta con un servicio gratuito y otro mejorado que se reciben cuando se quiere, donde se quiere, con formato multiplataforma, permiten la creación y compartición de listas de reproducción, etc…
Ahora yo quiero hacer una analogía, algo tramposa quizá, y ante el anuncio de que la administración de cierta comunidad autónoma va a cobrar en los museos que gestiona exclamo ¿qué pasa, que ahora vamos a tener que pagar por ir a un museo público? El contraste en la analogía se encuentra en que estos museos no son un negocio, los bienes que se muestran son de dominio público y el rendimiento esperado no debe ser crematístico, sino sociocultural. Y si la contrapartida al incipiente pago fuera que en unos años estos museos proveerán de un servicio adecuado a los intereses del público sería bienvenida, aunque para ello debería contar por ejemplo con una gran oferta de actividad, plena de conectividad, con contenidos de acceso virtual, multiplataforma y personalizados, con listas de piezas y recorridos preferidos, con tarifas a la carta pensadas para cada usuario…
Por lo que a mí respecta, además de que no creo que vaya a ver a corto plazo ese catálogo de servicios prémium, opino que los museos públicos deben ser gratuitos, como ya he expuesto anteriormente en este mismo blog. Por si alguien se quiere ahorrar la visita al artículo se lo resumo en esta frase que allí se lee: "[…] porque ya pagamos unos impuestos que deben destinarse a sufragar esos costes. Porque lo que custodian esos museos es patrimonio cultural que debe ser universalmente accesible, porque en ese ámbito su acceso básico debe ser gratuito y porque de no hacerlo así estaremos poniendo barreras a su transmisión plena”. Y para terminar con este punto recordaré que también pienso que sí se debe pagar por otro tipo de servicios, como ciertos programas educativos, de promoción, de difusión, así como por el uso o cesión de los espacios públicos siempre que sean acordes a la misión del centro, y también por los servicios comerciales o culturales, y demás.
En esta ocasión no vengo a recordar lo que ya he dicho sino a valorar el argumento que ha servido para justificar el cobro de la entrada y que no es otro que destinar los fondos recaudados a "mantener en perfecto estado de revista el patrimonio […], que requiere no uno, sino tres presupuestos autonómicos".
Más allá de la marcial expresión, que a mi parecer aporta un regusto añejo como pretendiendo que el patrimonio es algo inmutable que solamente interesa para ser contemplado con ferviente admiración, creo que tenemos un problema en cuanto a la transmisión a la ciudadanía de un mensaje, extemporáneo y contraproducente, que manifiesta que la custodia y difusión del patrimonio cultural es una carga. Y que incluso sugiere que los impuestos que pagamos o son insuficientes o están mal gestionados y administrados por sus responsables.
El acceso a la cultura es tan esencial como el acceso a la sanidad o la educación y en nuestro país hemos conseguido desarrollar un modelo de estado que provee esos servicios para el cumplimiento pleno de los derechos sociales de sus habitantes. Lamentablemente, la eficacia en la gestión de esos servicios se viene degradando paulatinamente (crisis, ineficacia, corrupción…) y, en lugar de buscar soluciones para solventarla, nuestros respetados representantes políticos insisten en utilizar la manipulación ideológica, el manejo político y la utilización del patrimonio para beneficiar intereses espurios, de manera que la degradación en los servicios se convierte en la excusa mediocre que les permite sostener medidas que se fundamentan en complejos, cuando no prejuicios.
Resulta evidente que estas instituciones culturales, así como sus profesionales, únicamente pueden cumplir su función desde un punto de vista centrado en el beneficio al ciudadano, y para ello es necesario que el museo disponga de una reputación consistente. El ascendiente sobre el usuario del museo, el que les permite afrontar su misión, solamente se puede hacer si se les prestigia a través de una dotación suficiente de medios y recursos. Es indudable, entonces, que la tarea del titular de un museo público está en fraguar el mensaje de que su misión constituye un derecho ciudadano y en proporcionar una labor educativa y de concienciación que se inicie en la infancia y que se fomente en foros de participación social.
Esto que acabamos de plantear, que no es más que una apelación a una labor común orientada a crear una sociedad crítica y una ciudadanía que valore sus activos, se condensa en la afirmación de que la cultura no es una mera explotación económica de recursos, ni mucho menos un gasto. Sin embargo, quienes anuncian el cobro de la entrada en los museos públicos con el argumento de que los ingresos se destinarán a una mejor custodia del patrimonio y que ello contribuirá a un desarrollo de la economía, están lanzando el mensaje de que los bienes patrimoniales solamente pueden entenderse si son rentables. Es más, si tratan de explicarlo de esta manera quizá es porque no se atreven a imponer el cobro y a la vez pagar el peaje mediático que supone decirnos a la cara que quieren aplicar liberalismo a la gestión de bienes públicos. Y eso es lo que más rechazo causa, que intentan sortear la responsabilidad de la recaudación a través de la proyección de un relato que saben (¿o no?) que es injusto.
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| Foto Alejandro Linares Garcia |
Cabría conceder la duda de que han valorado el cobro de la entrada en el marco de un estudio serio sobre su oportunidad y que las conclusiones extraídas son las que les impulsan a adoptar la medida. Tiendo a pensar que no es el caso porque, de ser así, parecería lógico que para explicar/justificar la decisión hubieran expuesto las alternativas o los condicionantes que han tenido en cuenta. Si no lo han hecho, aquí les podemos proporcionar algunas cuestiones que, de haberse contemplado, quizá les hubieran llevado a repensar su intención:
- Se ha manifestado que la medida supone claramente un incremento de los ingresos por entradas. En el caso mencionado se pasará de 300 mil a 7 millones de euros (al parecer brutos), lo cual sería una aportación extraordinaria indudablemente importante. Pero ¿merece la pena arriesgarse a un descenso de visitas y a comprometer la reputación de los museos para ingresar esa cantidad? Posiblemente no, porque los ingresos por entradas en estos museos se rigen por el sistema de caja única; o lo que es lo mismo que tanto lo que entra como lo que sale se centraliza en una tesorería única, a quien corresponde la gestión de los recursos. En definitiva, no hay garantía de que en los presupuestos anuales se añadirán los ingresos del año precedente, a pesar de que se ha mencionado que existe tal compromiso por parte de los responsables de la Hacienda. Esto está por ver, así que cabe dejar su juicio en suspenso, aunque no perderé la oportunidad de decir que el incremento de ingresos tendría mayor alcance si el esfuerzo se dirigiera a conseguir esos millones mediante otras vías como el patrocinio o el mecenazgo. De hecho seguramente se conseguiría mucho más dinero.
- No está del todo claro que exista una relación directa entre pago de entrada y descenso de visitantes, o entre la gratuidad y el ascenso de visitantes. Lo que se recomienda es que las medidas a adoptar, sobre todo cuando son un cambio drástico, deben ser explicadas a la ciudadanía de manera adecuada. El propósito, que no es más que hacer un ejercicio de transparencia y pedagogía del uso de medios públicos es, si cabe, más importante cuando se van a gravar servicios que antes eran gratuitos (porque, evidentemente, es más fácil explicar la súbita gratuidad que lo contrario). Está claro que se debe explicar convenientemente y esto no se ha hecho. Y menos aún se ha explicado cuál va a ser el destino concreto del dinero.
- Por otro lado, empezar a cobrar por la entrada debería considerarse una oportunidad para mejorar el servicio al usuario, lo que implica la adopción de un sistema moderno de venta de entradas, con compra por Internet, posibilidad de reservas, control de accesos, etc… Para conseguirlo se puede hacer a través de una concesión empresarial, que de algún modo debe detraer su beneficio del importe de la entrada, o endosar la gestión al personal existente, lo que implica costes en formación y encajar la nueva ocupación en las labores inherentes al puesto; en ambos casos hay que asumir una nueva infraestructura técnica cuyo valor también debe amortizarse a partir de los ingresos. La conclusión es ¿realmente se recogerán los millones señalados, o se trata de una cifra computada antes de gastos?
- Se ha dicho que el gasto se destinará a la conservación del patrimonio. Sabemos que la función que más recursos requiere a los museos provinciales es la conservación de los fondos, lo que conlleva que otras funciones como la documentación, investigación y difusión adquieran un peso importante en la carga cotidiana de las actividades de estos centros; y parece ser que estos son los gastos que se van a cubrir con los nuevos ingresos. Naturalmente la pregunta que surge es ¿si ya sufrago esta custodia a través de los impuestos, debo considerar este nuevo cobro como un “copago”? Es más ¿el cobro en los museos públicos es un nuevo impuesto al usuario? Algunos ven en estas iniciativas un repago que ayuda a desmontar el estado del bienestar, aunque también podemos verlo como una gestión poco eficaz que renuncia a incorporar fórmulas idóneas para hacer sostenible la custodia patrimonial y que van desde la eficiencia al ahorro, pasando por la inversión en tecnología y, nuevamente, la educación temprana o la concienciación ciudadana. Nada de eso parece verse aquí.
- Pero hay más. La función que afecta de manera más visible a los usuarios es la relativa a la exposición de los fondos, por la relación directa con el público. No obstante, la función expositiva, la relativa a la exhibición pública permanente, ordenada de manera científica y accesible, supone un impacto de menor trascendencia en lo que se refiere al consumo de recursos materiales y humanos, pues su coste puede observarse en términos de relación entre inversión y perdurabilidad. Así que la pregunta se debe centrar en si no sería más adecuado que lo ingresado se utilizara en renovar o mantener la exposición, o en añadir valor a la acción cultural.
El quid de la cuestión está esto último. La justificación para cobrar la entrada en los museos públicos debería ser que el dinero recaudado servirá para mejorar la experiencia de la visita, para incorporar nuevas tecnologías, para mejorar la difusión de las colecciones y de los centros, para la transformación digital, para optimizar la conectividad y la investigación compartida, para el avance de la organización y la mejora del trabajo y los trabajadores, para fomentar la accesibilidad y el conocimiento de públicos, o incluso para mejorar la evaluación de las políticas culturales.
Mi preocupación está en que cunda el ejemplo y otras administraciones públicas orienten sus políticas a gravar el acceso a la cultura. Parece que cuanto más tratan los museos de avanzar más parece que haya fuerzas que quieran detener su progreso, quizá porque intuyen que son una poderosa herramienta de cambio positivo. Y lo hacen ofreciendo soluciones simplistas a problemas que solamente existen en sus mentes prejuiciosas.
No nos conformemos.
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