¿Y tú de quién eres?

Cuando has pasado varios años trabajando en las entrañas de un museo, entre las piezas y su documentación o sumergido en los recuerdos que trabajadores y visitantes tienen sobre el centro, hay una cosa que te acaba quedando muy evidente: la institución museo permanece en el tiempo, con modificaciones de dispar calado pero con una integridad transcendente. Contemplar, cien años más tarde, las fichas de catalogación que un antiguo conservador redactó para el mismo objeto que tienes delante, te hace comprender que el museo está por encima de uno mismo y por encima del resto de personas que envuelven su entorno temporal inmediato. Esta percepción es fundamental para entender la labor que tiene el museo como custodio del patrimonio cultural y responsable de su transmisión, sobre todo si el museo es público.

La colectividad ha facilitado la existencia en estos últimos de trabajadores que conjugan su capacitación técnica con un compromiso específico, inherente al puesto, y que está destinado a salvaguardar el interés común a partir de un sistema de garantías. Estos empleados públicos reúnen su formación específica, sobre la que han desarrollado un depurado criterio profesional, con una larga experiencia asentada en la práctica, en la información proporcionada por empleados precedentes, en el contacto con múltiples y variadas escenarios profesionales y en el acceso a recursos solamente disponibles en instituciones de entidad suficiente. Exactamente lo mismo que un médico, un profesor, un abogado o un ingeniero adscrito al servicio público. Ténganlo en cuenta mientras leen el resto de esta entrada.

Estos primeros párrafos, cargados de conceptos incontrovertibles, son solamente el antecedente de la cuestión sobre la que hoy reflexiono. Me propongo lanzar el debate sobre las reclamaciones patrimoniales, sobre lo que muchas veces se llaman restituciones o devoluciones pero que en el fondo parecen tentativas de incautación al amparo de argumentos de ventaja política, con reivindicaciones populistas y grandes dosis de oportunismo. Estas demandas suelen estar manejadas por políticos mediocres y, por lo general, sumamente irresponsables.

Una precisión. No se trata de ponerse a favor de unos casos u otros, ni de defender posturas de parte, ni siquiera de hacer referencia a casos concretos por todos conocidos. Tampoco entra a valorar si los bienes han sido robados, incautados, comprados mediante engaños, vendidos (i)legalmente, regalados, entregados como hallazgo arqueológico o adquiridos en subasta. Es decir, esto no va de los documentos del Archivo de Salamanca, ni de los frescos de Sijena, ni de la Dama de Elche, ni de la Cruz de Peñalba, ni de los mármoles del Partenón, … O sí, a lo mejor sí va de eso.

Con recurrente frecuencia se genera debate sobre aquellos objetos pertenecientes al patrimonio cultural que se hallan fuera de su entorno original. Más allá de las dificultades que muchas veces existen para determinar con claridad cuál es éste (se manejan razonamientos como la geografía, el concepto, la propiedad, la trayectoria histórica, los derechos sobrevenidos, la herencia), solemos encontrar argumentos identitarios para justificar demandas de retorno y ni siquiera en este punto podemos aportar un término claro para designar a la solicitud (¿restitución, devolución, reposición, restauración…?). Lo que sí parece ser paradigma es que tras la mayoría de estas demandas se encuentra un componente aglutinador, teñido de identidad cultural pero que en realidad se acerca más al nacionalismo. La diferencia en este caso está, a mi juicio, en que el nacionalismo necesita fetiches para apuntalar su doctrina política, manteniendo una actitud profundamente exclusivista, mientras que la identidad cultural es un conjunto de percepciones individuales que puede utilizar símbolos para consolidar el sentimiento de pertenencia, pero utilizándolos como elemento integrador y sin necesidad de generar un culto al objeto.

La civilización vence a la barbarie (casi siempre)

Me gusta pensar que el museo se construye gracias al esfuerzo comunitario en las sociedades en las que se encuentran. El museo crece y evoluciona gracias a las aportaciones de sus visitantes, el empeño de sus trabajadores, la contribución de donantes y depositarios, el trabajo de los investigadores y, como no, el impulso político de personas a las que concedemos atribuciones para que gestionen y defiendan nuestros activos. Lamentablemente cometemos muchas veces el error de dar esos poderes a quienes no son capaces de administrarlos en beneficio del interés general; peor aún, somos capaces de tener la suficiente desidia como para permitir que algunos políticos confundan la defensa de nuestros intereses con la de los propios, ya sean individuales o grupales. De ahí que muchas veces por mediocridad, ignorancia o simple pereza, se acabe recurriendo a fáciles postulados reduccionistas que buscan rentas inmediatas y por tanto huecas.

Y esto nos lleva de vuelta a los empleados públicos. Ya les dije que los tuvieran en cuenta. El respaldo ciudadano a un político no puede ser aval, y menos argumento, para justificar acciones a las que les falta reflexión, del mismo modo que no puede servir para purgarlas en caso de que se violenten consideraciones técnicas para disimular carencias políticas. En concreto, en los casos de reclamaciones de objetos patrimoniales convendría atender con mayor respeto los criterios técnicos, que están amparados siempre por el rigor de un marco legal y muchas veces por la plasticidad del sentido común.

Naturalmente los criterios técnicos no son absolutos y la mayor o menor incidencia sobre un determinado factor puede decantar una decisión en uno u otro sentido. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que esos objetos en discordia tienen su propia historia y en ella se encuentra gran parte de su significado. Arrancarlos del museo en que se encuentran, y enviarlos a un nuevo destino poco meditado y oportunista, podría ser un grave error pues su comprensión actual depende, en gran medida de la manera en que se presentan en el museo, del mismo modo que otros objetos se explican gracias a los vínculos interpretativos que un discurso museológico ha facilitado entre ellos. No pueden quedar al margen otros factores de gran importancia, como la existencia de un acceso más amplio a la investigación o al disfrute sensorial del objeto, ni tampoco de la capacidad de custodia, en ocasiones discutible en los nuevos destinos propuestos.

En conclusión, me gustaría evidenciar la frecuente falta de reflexión en la toma de decisiones políticas sobre esta cuestión y en cómo la obcecación partidista se encuentra tras muchas de las demandas de retorno. Y recordar al respecto que habrá que tener cautela, pues no debemos olvidar que la aceptación de ciertas demandas puede ser tomada como una invitación para elevar nuevas reivindicaciones. En caso de duda, la mejor decisión se basará siempre en la comunicación fluida dentro de los órganos de decisión, en una información transparente y en la búsqueda del consenso. Y deberá ser técnica.

Lo que no se paga no se valora

Interesante reflexión que habréis oído infinidad de veces aplicada a los servicios públicos. Y seguramente muchos estáis de acuerdo con lo que expresa. Es posible que incluso lo hayáis planteado con otras palabras: “lo que es gratis no merece la pena”. A mi parecer se trata de una falacia asentada en la convicción de que siempre que se presta un servicio es preciso que exista compensación económica a cambio y en la certeza, derivada de lo anterior, de que es válida también para los servicios públicos. El problema es que la frase, así aplicada, es una manera de inducirnos a pensar que la calidad de los servicios públicos puede estar determinada por su coste o, lo que es lo mismo, que si algo tiene un precio bajo es porque su calidad es inferior. Estos, en materia de cultura, son axiomas al menos discutibles, del mismo modo que lo son en el caso de la educación o de la sanidad.

Como veis, es posible inferir multitud de explicaciones a partir del título del post. Seguro que todas tienen su parte de razón y seguro que todas son en parte falsas. Yo no voy a evaluarlo en términos estrictamente económicos, sino que intentaré hacer un análisis desde el punto de vista de los museos públicos.

Cuando un servicio no funciona bien (o le parece a alguien que es así), una de las soluciones más sencillas a adoptar es la emulación de fórmulas de gestión que tienen éxito en otros lugares. Ya sea educación (¡el mejor modelo es el finlandés!), sanidad (¡en EE.UU están pensando en aplicar el modelo español de la seguridad social!), energía (¡los alemanes están apostando por…!), tendemos a tratar de copiar remedios ya contrastados pero olvidando que las soluciones a los problemas no son universales, como tampoco lo son las sociedades y menos aún la solvencia de los políticos. Que otros apliquen un modelo que les funciona bien no significa que sea mejor que lo que tenemos y tampoco es cierto que las soluciones externas sean fácilmente aplicables en un entorno diferente: en nuestro caso el español. Seguramente podrán servir de inspiración, pero lo que está claro es que la simple imitación no es un remedio magistral, sobre todo si no hacemos un análisis previo de los condicionantes y de la viabilidad de lo que se quiere aplicar.

La reflexión sobre el cobro o gratuidad es un debate recurrente: ejemplos recientes son la noticia la gratuidad en el acceso al Museo Patio Herreriano a partir de 2017, este reportaje sobre la cuestión, o más recientemente el anuncio de la intención de regular mediante pago las visitas al Panteón de Agripa. En el caso de los museos cuando surgen estos debates siempre me pregunto: ¿alguien ha analizado el público del museo y tomado una decisión sobre la base de ese análisis? ¿Las tarifas del museo se establecen por comparación, por intuición o porque alguien ha valorado el impacto de adoptar una u otra medida? Y las exenciones, ¿por qué son esas y no otras? ¿Qué motivo nos lleva a establecer visitas explicadas cautivas a un monumento? Y los horarios de apertura, ¿son lógicos...? Perdón que me dejo llevar…

Si escaso o nulo es el estudio de los requisitos de acceso a los museos públicos, se puede decir que inexistente es el análisis generado desde la premisa de que el valor que tiene la visita al museo debe primar por encima de la asignación de un precio, de la exigencia de una contrapartida económica para acceder al beneficio cultural. ¿Y por qué, me diréis, si está claro que su mantenimiento y puesta a disposición del ciudadano genera unas cargas y una asignación de recursos? Pues por una sencilla razón: porque ya pagamos unos impuestos que deben destinarse a sufragar esos costes. Porque lo que custodian esos museos es patrimonio cultural que debe ser universalmente accesible, porque en ese ámbito su acceso básico debe ser gratuito y porque de no hacerlo así estaremos poniendo barreras a su transmisión plena. Y si buscamos una respuesta más pragmática porque, por mucho que queramos, en el modelo museístico español los ingresos por entradas no cubren los costes operativos en la mayor parte de los casos; y no sólo eso, sino que en el caso de museos públicos los ingresos no revierten a la propia institución sino a la administración gestora, que lo ingresa en una caja común.

Dejando a un lado casos excepcionales, y siguiendo esta línea argumental, me podréis plantear que los museos ya no son solamente un bien esencial sino un recurso económico, con posibilidades de convertirse en motor económico, sobre todo en zonas deprimidas, un generador de empleo de calidad y un elemento para evitar la despoblación y bla, bla, bla… Podréis decir, ciertamente, que las estadísticas culturales así lo demuestran, que el gasto por persona en cultura tiende a crecer, o podréis mencionar la importante participación de la cultura en el PIB. No voy a negar el valor económico de los recursos patrimoniales, pero en este caso es muy común la tentación de reducir los argumentos para convertirlos en un mantra repetido de manera interesada entre los “malos” gestores públicos, los cuales tratan de camuflar sus carencias al amparo de la incorporación de una economía de mercado a la tarea de administrar los museos. Ante esto, yo me pregunto si los más ardientes defensores del cobro para la entrada a museos públicos estarían dispuestos a someter sus emolumentos al cumplimiento de objetivos.

Los datos, inapelables en lo cuantitativo, no son tan ciertos cuando los bajamos al terreno de lo inmediato o cuando nos referimos a casos concretos, sobre todo si como es habitual no ha existido planificación museística previa (concretamente en los aspectos que interesan a un plan de viabilidad). En consecuencia, el mensaje a los gestores públicos debe ser que la buena gestión no se encuentra en la capacidad para generar ingresos mediante el simple cobro de entradas, sino que deben buscarse alternativas que hagan sostenible a la institución: responsabilidad social corporativa, fórmulas de patrocinio y mecenazgo, transparencia, etc…

Foto Pixabay

Es más, admitiendo que el cobro de una entrada fuera irrenunciable: ¿qué criterios debemos utilizar para establecer la tarifa? Entre otras cosas porque la percepción sobre si un precio está bien establecido es altamente subjetiva. Hazte las siguientes preguntas: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por entrar a un museo? y ¿de qué depende tu percepción sobre el precio? Puede depender de tu interés en verlo (si eres aficionado al tema que trata), de que sea el típico museo que no puedes dejar de ver (el Museo Nacional del Prado si vas a Madrid), de que la visita la hagas sólo o acompañado y quieras asumir todo el coste (una simple visita de 3 € puede convertirse en 12 € para una familia media), del prestigio del museo y sus campañas de promoción (un museo con buen marketing tiene mayor tirón), de la comparación con otros (¿qué tiene ese museo para que cueste tanto?), del tipo de visita que pretendes hacer (corta, larga, una sala…).

En definitiva, la experiencia de la visita es múltiple y por tanto no es posible crear precios ajustados a cada realidad. No obstante, si no podemos dejar de aplicar generalidades, lo que si podremos hacer es buscar soluciones que asimilen el mayor número de situaciones. Para ello lo primero que debemos hacer es preguntar al visitante (real o posible) sobre la valoración que hace de la entrada: si debe ser gratuita o debe pagarse, cuánto estaría dispuesto a pagar, en qué circunstancias, etc. Y sobre esa información establecer una política de precios que permita conjugar el acceso público con las necesidades del museo, teniendo en cuenta que las modificaciones en el precio a la alta o a la baja pueden emitir un mensaje de elitismo o banalización.

No dejemos tampoco de explorar posibilidades de mejora en la política de precios, como la aplicación de determinadas exenciones, el uso de bonos de visita para el propio centro o en colaboración con otros centros y servicios, la reducción de precios acompañada de una explotación optimizada de otros servicios del museo (tiendas, consignas, cafeterías) o, como ya se empiezan a plantear en algunos museos, la aplicación de precios variables según demanda (encarecimiento los fines de semana o encarecimiento progresivo hacia períodos finales de exposiciones temporales, horas de acceso más baratas…).

A la afirmación de “lo que no se paga no se valora” quizá habría que contraponer la afirmación “aprende a valorar lo que visitas y entiende su coste y precio” (una manera sencilla de resumirlo sería la genial frase de Quevedo de que “todo necio confunde valor y precio”). En este caso lo primero que deberíamos tener en cuenta es el valor de la cultura y su acceso y transmisión como derecho fundamental, teniendo en cuenta también los beneficios que genera en el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestra identidad individual o común. La explicación de estos principios es otro trabajo a añadir a la labor que habitualmente hacemos en los museos.