RASCAYÚ EN LOS MUSEOS DEL MINISTERIO

El último charco en el que se ha metido el Ministerio de Cultura es el de la Carta de compromiso para el tratamiento ético de restos humanos en los Museos Estatales adscritos y gestionados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura que podéis descargar aquí.

Charco digo porque el asunto tiene todos los ingredientes para ser pasto de los opinólogos profesionales que infestan las columnas de la prensa patria (infestar, por cierto, no es insulto sino la cuarta acepción de la palabra en el diccionario de la RAE). De momento no parece que los columnistas hayan advertido el verdadero y ¿oculto? potencial de esta decisión que, por otra parte, no hace sino incorporar criterios museológicos modernos a los grandes museos estatales. Pero es posible que ante el folio en blanco los escribidores acaben atacando este compromiso como una nueva imposición «woke» repleta de revisionismo y de gestos dictatoriales del progresismo. Sobre todo cuando se percaten de que este nuevo marco ético es un paso más en la descolonización de los museos por la que viene apostando el Ministerio de Cultura desde que se hizo cargo el ministro actual.

Ya escribí en su momento algo sobre esa cuestión (lo podéis consultar aquí) y entonces manifesté que la descolonización no solamente tiene que ver con la procedencia y destino de objetos de museos sino que implica la revisión de asuntos tales como las presentaciones con restos humanos. Sobre estas cuestiones los museólogos tenemos la obligación de fomentar debate, ya sea en el seno de los museos o en foros profesionales como el ICOM, lugar este en el que luego se generan los documentos comunes que guían la práctica museística. De uno de estos títulos, el Código Deontológico del ICOM, proviene este reconocimiento de los restos humanos custodiados en los museos que «deben ser tratados con respeto y dignidad, y de conformidad con los intereses y creencias de las comunidades y grupos étnicos o religiosos de origen». De aquí deviene su renovado significado no sólo como huellas biológicas sino como «vestigios de personas fallecidas que fueron separadas de su contexto funerario, sagrado o doméstico».

Esta reflexión de la comunidad museológica, y no otra, es la razón por la que ahora se presenta esta nueva visión de los restos humanos en el ámbito de las presentaciones museales. Y tiene bastante importancia porque al implicar a los museos públicos más importantes de España se establece una cierta ascendencia sobre el resto de los museos públicos, empezando por el resto de los museos estatales, gestionados fundamentalmente por las comunidades autónomas, y alcanzando a todos los que dependen de entidades locales, fundaciones públicas o incluso aquellos centros privados que reciban ayudas públicas. Evidentemente es mucho más fácil decir que hacer y la existencia de pautas adoptadas por el Ministerio de Cultura no implica que el resto de estos museos sostenidos con fondos públicos siga ese ejemplo; ni siquiera que, aun teniendo la voluntad de hacerlo, dispongan a corto y medio plazo de recursos suficientes. No obstante, las administraciones deberían plantearse la adopción de programas de reserva de restos humanos y la regulación de su presencia en los museos de financiación privada. No hay prisa para ello, pero no debería haber pausa.

Pero vayamos por partes (nunca mejor dicho) y resumamos a qué restos nos estamos refiriendo y qué implicaciones conlleva. En resumen, la Carta afecta a todos los restos físicos de la especie Homo sapiens, así como los objetos en los que se incorporaron conscientemente restos humanos, excluyendo aquellos en los que se pueda determinar razonablemente que han sido ofrecidos libremente o bien desprendidos del cuerpo sin modificar el mismo. Para concretar, el documento también señala los compromisos que se adquieren y ello atañe a un principio general de no exhibir públicamente restos humanos; a la valoración para la toma de muestras y tratamientos de conservación-restauración; a la manipulación, custodia y acceso en almacenes; a la investigación sobre los restos; y, finalmente, a la toma de imágenes. Resulta importante destacar que se deja abierta la excepcionalidad en la exposición pública para casos muy concretos; una solución que parece la gatera por la que colar la discrecionalidad que tanto nos gusta a los españoles.

Al igual que ocurre en cualquier definición existen aquí infinitas variables e interpretaciones y ello nos puede a llevar a preguntarnos qué fósiles de los yacimientos de Atapuerca entran dentro de esta categoría y cuáles quedan fuera (dejo para los expertos las disquisiciones sobre especies, subespecies y demás) y si en todos los casos se debe aplicar el mismo criterio sobre su exposición. Pero no queda la cosa ahí, porque la interrogación se extiende a todo tipo de momias y cuerpos disecados, vestigios de enterramientos, relicarios y reliquias, restos en formol, cualquier espécimen anatómico, etc. Si quieren ejemplos de cómo se tratan ahí fuera estos temas pueden acudir al recurso Regardingthe Dead. Human Remains in the British Museum o consultar HumanRemains and Museums: A Reading List.

Tumba de tégulas tardorromana de Niharra. Museo de Ávila. Foto de FLAVIVSAETIVS 

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Aunque, una vez más, España llega tarde a debatir estas cuestiones, resulta gratificante que el Ministerio de Cultura vaya incorporando los modernos criterios museísticos a la gestión de los centros de su dependencia. No faltarán las voces que señalen que no deberíamos gastar recursos en estas cuestiones menores cuando existen grandes necesidades y carencias en infraestructuras, medios y personal. Sin duda están en lo cierto a la hora de poner foco en esas insuficiencias, pero ese no es el debate en este caso. Bien está hacer lo que hay que hacer y no podemos coartar el impulso a iniciativas valiosas bajo el pretexto de una cuestión de prioridades. Cada demanda tiene su pulso, su recorrido y sus soluciones y estas solamente se pueden entender en términos de valoración técnica y de oportunidad.

A propósito de todo lo que hablamos cabe una reflexión sobre el uso actual de los restos humanos en los museos y las alternativas a su desaparición de las salas de exhibición. Los museos utilizan las colecciones para contextualizar un momento histórico o un conocimiento determinado y la relación del visitante con los objetos, ese «contacto directo», es irremplazable. Ninguna reproducción, sea cual sea el recurso técnico que la genera, puede reemplazar este vínculo, y cuando este se complementa con el acto interpretativo que facilita el museo, cuando la experiencia ante la obra permite adentrarse en el aura del objeto, se sublima una vivencia formada por emoción y exclusividad. En definitiva el bien cultural se llega a convertir en fetiche, si no lo era ya, y es precisamente ahí donde se encuentra el mayor valor que el visitante pude conceder a un objeto, ya que lo eleva a categorías distintivas, preeminentes, y lo incorpora a su propio imaginario. No es de extrañar por ello que en las salas del museo tendamos a una especie de iconolatría que nos lleva a venerar los originales por encima de las copias. Cuestión que no tendría mucha importancia a menos que nos lo indiquen expresamente, ya que dudo mucho que la mayoría del público sea capaz de distinguir entre el auténtico Cráneo número 5 y su reproducción.

Y en este mismo rumbo fetichista se encuentra la controversia de las reclamaciones patrimoniales, de las que también hemos hablado; véase aquí. Las demandas de restitución se hacen siempre sobre objetos muy concretos, y están destinadas a afianzar convicciones políticas, fundamentalmente nacionalistas, que rayan más en el sectarismo que en la formación de una identidad común. De este modo se comprende mejor que la primera reacción política a la propuesta ministerial haya venido de Canarias al manifestar los máximos responsables del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria y del Museo de la Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife (un director de museo privado y un doctor en medicina experto en momias, por contextualizar) que para guardar en un almacén la momia de Erques, retirada de la exposición permanente del MAN, mejor la exponen ellos. Si a ello añadimos las expresiones "es inadmisible" o es "una ofensa para todos los canarios" emitidas por la presidenta del Cabildo de Tenerife observaremos mejor los flecos tan largos que cuelgan de la decisión del Ministerio de Cultura.

En la timba de la política cultural (siempre más política que cultural) a cada cual le toca jugar sus bazas y tener cuidado de cuándo se juega un triunfo, de cuándo se arrastra y qué cartas quedan por salir. Decir que la momia está mejor expuesta que en un almacén se puede rebatir con el argumento ya expuesto de que nadie va a saber si expones originales o copias a menos que lo digas. Pero también es cierto que si la momia tiene que ir a un museo a ser expuesta qué menos que vaya a un referente mundial en lo que se refiere a la conservación de este tipo de restos. Y a la vez, aunque el Ministerio de Cultura quisiera ceder la momia a un museo canario los términos del depósito encontrarían difícil encaje para un uso contrario al marco ético que rige tus propias colecciones. Muchas veces la suerte que tenemos es que la voluntad política oportunista y espuria choca con los criterios técnicos o encuentra trabas administrativas ineludibles.

Es evidente que es más impactante un sarcófago con muerto dentro, que las diferencias físicas entre un neandertal y un sapiens se observan mejor contraponiendo sus cráneos, que un relicario sin taba no ilustra del mismo modo la devoción por la santidad, que el concepto de vida eterna y divinización de los egipcios no se plasma igual sin la momia de Ramsés II... Todo ello es cierto, pero también es innegable que en la mayoría de las ocasiones la experiencia de la visita se puede lograr igualmente con diversos recursos que no sean los objetos originales. Por ello es plausible la iniciativa del Ministerio de Cultura; porque ha seguido las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de museos, porque es de sentido común y porque, como dice la canción, «Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más».

Visitar museos públicos, del derecho al repago

Hace unos años, cuando se empezaron a anunciar medidas contra infracciones de derechos de propiedad intelectual para combatir las inicuas descargas de contenidos culturales, se llegó a oír la frase ¿qué pasa, que ahora tenemos que pagar por escuchar música? La expresión pretendía defender la libre distribución y reproducción de las obras frente al deseo legítimo de autores y distribuidores de proteger la explotación de sus creaciones. Una cosa interesante de esta cuestión, aún no resuelta, es que se ha tratado de abordar mediante la adaptación de la oferta de contenidos a los hábitos de consumo y a unos precios razonables; por ejemplo, cierta afamada aplicación de reproducción de música transmitida en directo cuenta con un servicio gratuito y otro mejorado que se reciben cuando se quiere, donde se quiere, con formato multiplataforma, permiten la creación y compartición de listas de reproducción, etc…

Ahora yo quiero hacer una analogía, algo tramposa quizá, y ante el anuncio de que la administración de cierta comunidad autónoma va a cobrar en los museos que gestiona exclamo ¿qué pasa, que ahora vamos a tener que pagar por ir a un museo público? El contraste en la analogía se encuentra en que estos museos no son un negocio, los bienes que se muestran son de dominio público y el rendimiento esperado no debe ser crematístico, sino sociocultural. Y si la contrapartida al incipiente pago fuera que en unos años estos museos proveerán de un servicio adecuado a los intereses del público sería bienvenida, aunque para ello debería contar por ejemplo con una gran oferta de actividad, plena de conectividad, con contenidos de acceso virtual, multiplataforma y personalizados, con listas de piezas y recorridos preferidos, con tarifas a la carta pensadas para cada usuario…

Por lo que a mí respecta, además de que no creo que vaya a ver a corto plazo ese catálogo de servicios prémium, opino que los museos públicos deben ser gratuitos, como ya he expuesto anteriormente en este mismo blog. Por si alguien se quiere ahorrar la visita al artículo se lo resumo en esta frase que allí se lee: "[…] porque ya pagamos unos impuestos que deben destinarse a sufragar esos costes. Porque lo que custodian esos museos es patrimonio cultural que debe ser universalmente accesible, porque en ese ámbito su acceso básico debe ser gratuito y porque de no hacerlo así estaremos poniendo barreras a su transmisión plena”. Y para terminar con este punto recordaré que también pienso que sí se debe pagar por otro tipo de servicios, como ciertos programas educativos, de promoción, de difusión, así como por el uso o cesión de los espacios públicos siempre que sean acordes a la misión del centro, y también por los servicios comerciales o culturales, y demás.

En esta ocasión no vengo a recordar lo que ya he dicho sino a valorar el argumento que ha servido para justificar el cobro de la entrada y que no es otro que destinar los fondos recaudados a "mantener en perfecto estado de revista el patrimonio […], que requiere no uno, sino tres presupuestos autonómicos".

Más allá de la marcial expresión, que a mi parecer aporta un regusto añejo como pretendiendo que el patrimonio es algo inmutable que solamente interesa para ser contemplado con ferviente admiración, creo que tenemos un problema en cuanto a la transmisión a la ciudadanía de un mensaje, extemporáneo y contraproducente, que manifiesta que la custodia y difusión del patrimonio cultural es una carga. Y que incluso sugiere que los impuestos que pagamos o son insuficientes o están mal gestionados y administrados por sus responsables.

El acceso a la cultura es tan esencial como el acceso a la sanidad o la educación y en nuestro país hemos conseguido desarrollar un modelo de estado que provee esos servicios para el cumplimiento pleno de los derechos sociales de sus habitantes. Lamentablemente, la eficacia en la gestión de esos servicios se viene degradando paulatinamente (crisis, ineficacia, corrupción…) y, en lugar de buscar soluciones para solventarla, nuestros respetados representantes políticos insisten en utilizar la manipulación ideológica, el manejo político y la utilización del patrimonio para beneficiar intereses espurios, de manera que la degradación en los servicios se convierte en la excusa mediocre que les permite sostener medidas que se fundamentan en complejos, cuando no prejuicios.

Resulta evidente que estas instituciones culturales, así como sus profesionales, únicamente pueden cumplir su función desde un punto de vista centrado en el beneficio al ciudadano, y para ello es necesario que el museo disponga de una reputación consistente. El ascendiente sobre el usuario del museo, el que les permite afrontar su misión, solamente se puede hacer si se les prestigia a través de una dotación suficiente de medios y recursos. Es indudable, entonces, que la tarea del titular de un museo público está en fraguar el mensaje de que su misión constituye un derecho ciudadano y en proporcionar una labor educativa y de concienciación que se inicie en la infancia y que se fomente en foros de participación social.

Esto que acabamos de plantear, que no es más que una apelación a una labor común orientada a crear una sociedad crítica y una ciudadanía que valore sus activos, se condensa en la afirmación de que la cultura no es una mera explotación económica de recursos, ni mucho menos un gasto. Sin embargo, quienes anuncian el cobro de la entrada en los museos públicos con el argumento de que los ingresos se destinarán a una mejor custodia del patrimonio y que ello contribuirá a un desarrollo de la economía, están lanzando el mensaje de que los bienes patrimoniales solamente pueden entenderse si son rentables. Es más, si tratan de explicarlo de esta manera quizá es porque no se atreven a imponer el cobro y a la vez pagar el peaje mediático que supone decirnos a la cara que quieren aplicar liberalismo a la gestión de bienes públicos. Y eso es lo que más rechazo causa, que intentan sortear la responsabilidad de la recaudación a través de la proyección de un relato que saben (¿o no?) que es injusto.

Foto Alejandro Linares Garcia

Cabría conceder la duda de que han valorado el cobro de la entrada en el marco de un estudio serio sobre su oportunidad y que las conclusiones extraídas son las que les impulsan a adoptar la medida. Tiendo a pensar que no es el caso porque, de ser así, parecería lógico que para explicar/justificar la decisión hubieran expuesto las alternativas o los condicionantes que han tenido en cuenta. Si no lo han hecho, aquí les podemos proporcionar algunas cuestiones que, de haberse contemplado, quizá les hubieran llevado a repensar su intención:

• Se ha manifestado que la medida supone claramente un incremento de los ingresos por entradas. En el caso mencionado se pasará de 300 mil a 7 millones de euros (al parecer brutos), lo cual sería una aportación extraordinaria indudablemente importante. Pero ¿merece la pena arriesgarse a un descenso de visitas y a comprometer la reputación de los museos para ingresar esa cantidad? Posiblemente no, porque los ingresos por entradas en estos museos se rigen por el sistema de caja única; o lo que es lo mismo que tanto lo que entra como lo que sale se centraliza en una tesorería única, a quien corresponde la gestión de los recursos. En definitiva, no hay garantía de que en los presupuestos anuales se añadirán los ingresos del año precedente, a pesar de que se ha mencionado que existe tal compromiso por parte de los responsables de la Hacienda. Esto está por ver, así que cabe dejar su juicio en suspenso, aunque no perderé la oportunidad de decir que el incremento de ingresos tendría mayor alcance si el esfuerzo se dirigiera a conseguir esos millones mediante otras vías como el patrocinio o el mecenazgo. De hecho seguramente se conseguiría mucho más dinero.
• No está del todo claro que exista una relación directa entre pago de entrada y descenso de visitantes, o entre la gratuidad y el ascenso de visitantes. Lo que se recomienda es que las medidas a adoptar, sobre todo cuando son un cambio drástico, deben ser explicadas a la ciudadanía de manera adecuada. El propósito, que no es más que hacer un ejercicio de transparencia y pedagogía del uso de medios públicos es, si cabe, más importante cuando se van a gravar servicios que antes eran gratuitos (porque, evidentemente, es más fácil explicar la súbita gratuidad que lo contrario). Está claro que se debe explicar convenientemente y esto no se ha hecho. Y menos aún se ha explicado cuál va a ser el destino concreto del dinero.
• Por otro lado, empezar a cobrar por la entrada debería considerarse una oportunidad para mejorar el servicio al usuario, lo que implica la adopción de un sistema moderno de venta de entradas, con compra por Internet, posibilidad de reservas, control de accesos, etc… Para conseguirlo se puede hacer a través de una concesión empresarial, que de algún modo debe detraer su beneficio del importe de la entrada, o endosar la gestión al personal existente, lo que implica costes en formación y encajar la nueva ocupación en las labores inherentes al puesto; en ambos casos hay que asumir una nueva infraestructura técnica cuyo valor también debe amortizarse a partir de los ingresos. La conclusión es ¿realmente se recogerán los millones señalados, o se trata de una cifra computada antes de gastos?
• Se ha dicho que el gasto se destinará a la conservación del patrimonio. Sabemos que la función que más recursos requiere a los museos provinciales es la conservación de los fondos, lo que conlleva que otras funciones como la documentación, investigación y difusión adquieran un peso importante en la carga cotidiana de las actividades de estos centros; y parece ser que estos son los gastos que se van a cubrir con los nuevos ingresos. Naturalmente la pregunta que surge es ¿si ya sufrago esta custodia a través de los impuestos, debo considerar este nuevo cobro como un “copago”? Es más ¿el cobro en los museos públicos es un nuevo impuesto al usuario? Algunos ven en estas iniciativas un repago que ayuda a desmontar el estado del bienestar, aunque también podemos verlo como una gestión poco eficaz que renuncia a incorporar fórmulas idóneas para hacer sostenible la custodia patrimonial y que van desde la eficiencia al ahorro, pasando por la inversión en tecnología y, nuevamente, la educación temprana o la concienciación ciudadana. Nada de eso parece verse aquí.
• Pero hay más. La función que afecta de manera más visible a los usuarios es la relativa a la exposición de los fondos, por la relación directa con el  público. No obstante, la función expositiva, la relativa a la exhibición pública permanente, ordenada de manera científica y accesible, supone un impacto de menor trascendencia en lo que se refiere al consumo de recursos materiales y humanos, pues su coste puede observarse en términos de relación entre inversión y perdurabilidad. Así que la pregunta se debe centrar en si no sería más adecuado que lo ingresado se utilizara en renovar o mantener la exposición, o en añadir valor a la acción cultural.

Con lo sencillo que hubiera sido declarar que el cobro de entrada en los museos públicos, partiendo de una situación de acceso universalmente gratuito, no era sino una manera de cubrir el coste operativo en lo servicios. En su lugar, tratan de ocultar que quieren enjugar un posible impacto mediático negativo anunciado la medida como el resultado de una obligación patrimonial perentoria, sin darse cuenta de que el uso más justo de ese dinero es destinarlo a costear mejores servicios en los museos.

El quid de la cuestión está esto último. La justificación para cobrar la entrada en los museos públicos debería ser que el dinero recaudado servirá para mejorar la experiencia de la visita, para incorporar nuevas tecnologías, para mejorar la difusión de las colecciones y de los centros, para la transformación digital, para optimizar la conectividad y la investigación compartida, para el avance de la organización y la mejora del trabajo y los trabajadores, para fomentar la accesibilidad y el conocimiento de públicos, o incluso para mejorar la evaluación de las políticas culturales.

Mi preocupación está en que cunda el ejemplo y otras administraciones públicas orienten sus políticas a gravar el acceso a la cultura. Parece que cuanto más tratan los museos de avanzar más parece que haya fuerzas que quieran detener su progreso, quizá porque intuyen que son una poderosa herramienta de cambio positivo. Y lo hacen ofreciendo soluciones simplistas a problemas que solamente existen en sus mentes prejuiciosas.

No nos conformemos.

No confundamos la “Q” con las témporas

Recientemente se ha presentado la nueva Norma “UNE 302002. Museos. Requisitos para la prestación del servicio de visitas”, desarrollada por un comité técnico de expertos presidido por el Ministerio de Cultura y Deporte (Subdirección General de Museos Estatales) y coordinado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y la Asociación Española de Normalización (UNE). En él han participado 40 expertos pertenecientes a museos relevantes españoles y a asociaciones del ámbito cultural y museístico.
La nueva Norma UNE 302002 establece requisitos para garantizar la experiencia satisfactoria de los usuarios del museo durante su visita (accesibilidad, información, trato recibido, facilidades para planificar y organizar la misma o estado general de espacios e instalaciones de acceso público). La norma también da opciones de mejora mediante recomendaciones y la implantación de un sistema de evaluación que incluya la opinión de los visitantes.

No descarto que los museos emblemáticos que formaban parte del comité técnico obtengan en breve tal calificación. De no ser así podríamos pensar que las exigencias para aplicar la norma son excesivas hasta para ellos mismos o que algunos de los participantes en el comité lo han hecho a mero título de inventario. E igualmente es de prever que los titulares de los museos españoles, empezando por las administraciones públicas, se lancen en masa a calificar a sus museos con esa codiciada “Q”; no hacerlo supondría renunciar a un modelo de gestión de calidad, a atraer a millones de visitantes y a crear empleo y riqueza económica. De hecho, insto encarecidamente a que los titulares de esos museos emblemáticos (comenzando por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte) pongan los medios para que los museos de su dependencia cuenten en menos de un año con la flamante “Q” en las respectivas fachadas e identidades corporativas. ¡No podemos perder el paso!

Ahora en serio. Los museos de todo el mundo acumulan una larga trayectoria de redacción y aplicación de normas profesionales, regulación de procedimientos y puesta en marcha de protocolos de actuación. De hecho, las instituciones y los profesionales museísticos contamos con una organización no gubernamental de ámbito mundial, el ICOM, cuyos diferentes comités internacionales (tiene 30) se han preocupado desde hace décadas de desarrollar buenas prácticas relacionadas con las funciones que cumplen los museos. Se puede encontrar aquí una amplia información sobre estas directrices que los museos españoles conocen y aplican.

Es más, en lo que a los museos españoles se refiere, muchos de ellos cuentan con cartas de servicios desde hace años y existen numerosas administraciones que incluyen apartados sobre calidad en sus legislaciones y en sus herramientas de planeamiento sectoriales. Se debe añadir que tanto las recomendaciones del ICOM como los instrumentos normativos se preocupan de todas y cada una de las funciones del museo (custodia, documentación, educación, difusión, investigación, exhibición); y no como el caso de la Norma UNE 302002 que se refiere exclusivamente a la visita pública. Cierto que esta última, la que se relaciona sobre todo con la exposición, es la función más visible del museo y la que mayores relaciones genera con el público, pero también es indiscutible que nunca debe entenderse sin los vínculos de relación que genera con las otras funciones.

Por ello, me contraría profundamente que el director general de Bellas Artes diga que con la aplicación de la Norma UNE 302002 la "calidad entra por la puerta de los museos" y espera que sea un "referente" para los profesionales de estos centros, así como para el público.

La verdad, no sé muy bien los estándares de calidad que contempla el responsable de los museos estatales y tampoco conozco los referentes que suele utilizar en la gestión de su departamento. Lo que tengo claro es que mi concepto de calidad está bastante alejado del suyo y me da la sensación de que sus referentes parecen encontrarse más cerca de los que tiene el turista de masas (el conseguidor de selfis, el acaparador de likes, el coleccionista de badges…), y más lejos de los que tiene un usuario habitual de los museos o un profesional medio de alguno de los museos estatales. Tanto unos como otros tenemos claro que el museo no es solamente una visita satisfactoria, la garantía de unos servicios de calidad, la facilidad en la venta de entradas, que el acceso esté bien señalizado o que los baños estén limpios, y sabemos muy bien lo que podemos y debemos esperar de los museos.

Quizá ese es el problema y es también nuestra responsabilidad: que no hemos sabido explicar al público que se puede conjugar el papel del museo como bien social con las posibilidades que brinda el turismo como factor de desarrollo económico y que la confluencia entre cultura y turismo está más allá de la mercantilización de la cultura. Y de esta carencia tienen tanta culpa los directores generales, por no mirar más allá de la agenda política, como la tenemos los profesionales por no hacérselo ver. Pero me gustaría señalar, además, que de este desconcierto se deriva un peligro que aguarda al acecho del uso de esta nueva marca turística pues, siguiendo la nueva tendencia de algunos museos de equiparar la calidad del centro con las reseñas favorables de sus visitantes, corremos el riesgo de que este marchamo turístico sea considerado por el visitante como un mero TripAdvisor oficial y, lo que es peor, que se confunda la parte con el todo. Que se piense que el museo poseedor de la placa es una institución que cumple su misión con garantías. En definitiva, corremos el riesgo de confundir la “Q” con las témporas.

Y es triste que esta iniciativa, que no tendría que trascender más allá del contexto turístico, sea vendida como una “alianza entre la cultura y el turismo por la calidad”, más que nada porque ¿dónde ha quedado el proyecto de red de museos estatales impulsado en 2009 por el propio Ministerio de Educación Cultura y Deporte y cuya finalidad era “fomentar la excelencia a través del mutuo intercambio de proyectos, profesionales e ideas, favoreciendo su relación con los agentes sociales, impulsando su proyección nacional e internacional y reforzando su importante papel en el acceso de los ciudadanos a la cultura”? Este proyecto planeaba incorporar a los museos bajo criterios como la calidad de los fondos, el Plan Museológico, las NNTT y la innovación en la museografía, la profesionalidad del equipo directivo y la plantilla, la accesibilidad universal o el análisis de los fondos desde la perspectiva de género. En definitiva, un concepto de calidad y unos referentes con los que, particularmente, me encuentro más de acuerdo y que el director general parece desconocer o, quién sabe, despreciar.

Más allá de este apunte, es importante recordar que los museos españoles abrieron la puerta a la calidad hace bastantes años y que sus profesionales cuentan con abundantes y admirables referentes cercanos. Así podríamos mencionar al Museo de Almería, con su gran labor en redes sociales y con una propuesta de programación cultural plenamente coherente con su misión, o a la Red Museística Provincial de Lugo, un modelo de gestión inclusiva y social; podría igualmente recordar la política de Responsabilidad social y ambiental del Museo Nacional de Arte de Cataluña, o la labor duradera durante doscientos años del Museo Nacional del Prado, sin olvidar los casi ciento cincuenta del Museo de León; asimismo podría aludir a los avances en la mejora en la transparencia y el buen gobierno de los museos españoles o al premio de mejores prácticas de la Design for All Foundation recibidio por Vilamuseu, la red de museos municipales de la Vila Joiosa. Como ven, no es necesario recurrir a clasificaciones turísticas para orientar la política museal.

Todo esto me recuerda un poco al "Mastropiero que nunca", de Les Luthiers, y su Don Rodrigo Díaz de Carreras (que fundó Caracas y tanto acertó a fundarla que la fundó en pleno centro de Caracas que ya estaba fundada y él no la vio...). Con esta pieza me he reído mucho, pero ahora no sé si llorar.