Visitar museos públicos, del derecho al repago

Hace unos años, cuando se empezaron a anunciar medidas contra infracciones de derechos de propiedad intelectual para combatir las inicuas descargas de contenidos culturales, se llegó a oír la frase ¿qué pasa, que ahora tenemos que pagar por escuchar música? La expresión pretendía defender la libre distribución y reproducción de las obras frente al deseo legítimo de autores y distribuidores de proteger la explotación de sus creaciones. Una cosa interesante de esta cuestión, aún no resuelta, es que se ha tratado de abordar mediante la adaptación de la oferta de contenidos a los hábitos de consumo y a unos precios razonables; por ejemplo, cierta afamada aplicación de reproducción de música transmitida en directo cuenta con un servicio gratuito y otro mejorado que se reciben cuando se quiere, donde se quiere, con formato multiplataforma, permiten la creación y compartición de listas de reproducción, etc…

Ahora yo quiero hacer una analogía, algo tramposa quizá, y ante el anuncio de que la administración de cierta comunidad autónoma va a cobrar en los museos que gestiona exclamo ¿qué pasa, que ahora vamos a tener que pagar por ir a un museo público? El contraste en la analogía se encuentra en que estos museos no son un negocio, los bienes que se muestran son de dominio público y el rendimiento esperado no debe ser crematístico, sino sociocultural. Y si la contrapartida al incipiente pago fuera que en unos años estos museos proveerán de un servicio adecuado a los intereses del público sería bienvenida, aunque para ello debería contar por ejemplo con una gran oferta de actividad, plena de conectividad, con contenidos de acceso virtual, multiplataforma y personalizados, con listas de piezas y recorridos preferidos, con tarifas a la carta pensadas para cada usuario…

Por lo que a mí respecta, además de que no creo que vaya a ver a corto plazo ese catálogo de servicios prémium, opino que los museos públicos deben ser gratuitos, como ya he expuesto anteriormente en este mismo blog. Por si alguien se quiere ahorrar la visita al artículo se lo resumo en esta frase que allí se lee: "[…] porque ya pagamos unos impuestos que deben destinarse a sufragar esos costes. Porque lo que custodian esos museos es patrimonio cultural que debe ser universalmente accesible, porque en ese ámbito su acceso básico debe ser gratuito y porque de no hacerlo así estaremos poniendo barreras a su transmisión plena”. Y para terminar con este punto recordaré que también pienso que sí se debe pagar por otro tipo de servicios, como ciertos programas educativos, de promoción, de difusión, así como por el uso o cesión de los espacios públicos siempre que sean acordes a la misión del centro, y también por los servicios comerciales o culturales, y demás.

En esta ocasión no vengo a recordar lo que ya he dicho sino a valorar el argumento que ha servido para justificar el cobro de la entrada y que no es otro que destinar los fondos recaudados a "mantener en perfecto estado de revista el patrimonio […], que requiere no uno, sino tres presupuestos autonómicos".

Más allá de la marcial expresión, que a mi parecer aporta un regusto añejo como pretendiendo que el patrimonio es algo inmutable que solamente interesa para ser contemplado con ferviente admiración, creo que tenemos un problema en cuanto a la transmisión a la ciudadanía de un mensaje, extemporáneo y contraproducente, que manifiesta que la custodia y difusión del patrimonio cultural es una carga. Y que incluso sugiere que los impuestos que pagamos o son insuficientes o están mal gestionados y administrados por sus responsables.

El acceso a la cultura es tan esencial como el acceso a la sanidad o la educación y en nuestro país hemos conseguido desarrollar un modelo de estado que provee esos servicios para el cumplimiento pleno de los derechos sociales de sus habitantes. Lamentablemente, la eficacia en la gestión de esos servicios se viene degradando paulatinamente (crisis, ineficacia, corrupción…) y, en lugar de buscar soluciones para solventarla, nuestros respetados representantes políticos insisten en utilizar la manipulación ideológica, el manejo político y la utilización del patrimonio para beneficiar intereses espurios, de manera que la degradación en los servicios se convierte en la excusa mediocre que les permite sostener medidas que se fundamentan en complejos, cuando no prejuicios.

Resulta evidente que estas instituciones culturales, así como sus profesionales, únicamente pueden cumplir su función desde un punto de vista centrado en el beneficio al ciudadano, y para ello es necesario que el museo disponga de una reputación consistente. El ascendiente sobre el usuario del museo, el que les permite afrontar su misión, solamente se puede hacer si se les prestigia a través de una dotación suficiente de medios y recursos. Es indudable, entonces, que la tarea del titular de un museo público está en fraguar el mensaje de que su misión constituye un derecho ciudadano y en proporcionar una labor educativa y de concienciación que se inicie en la infancia y que se fomente en foros de participación social.

Esto que acabamos de plantear, que no es más que una apelación a una labor común orientada a crear una sociedad crítica y una ciudadanía que valore sus activos, se condensa en la afirmación de que la cultura no es una mera explotación económica de recursos, ni mucho menos un gasto. Sin embargo, quienes anuncian el cobro de la entrada en los museos públicos con el argumento de que los ingresos se destinarán a una mejor custodia del patrimonio y que ello contribuirá a un desarrollo de la economía, están lanzando el mensaje de que los bienes patrimoniales solamente pueden entenderse si son rentables. Es más, si tratan de explicarlo de esta manera quizá es porque no se atreven a imponer el cobro y a la vez pagar el peaje mediático que supone decirnos a la cara que quieren aplicar liberalismo a la gestión de bienes públicos. Y eso es lo que más rechazo causa, que intentan sortear la responsabilidad de la recaudación a través de la proyección de un relato que saben (¿o no?) que es injusto.

Foto Alejandro Linares Garcia

Cabría conceder la duda de que han valorado el cobro de la entrada en el marco de un estudio serio sobre su oportunidad y que las conclusiones extraídas son las que les impulsan a adoptar la medida. Tiendo a pensar que no es el caso porque, de ser así, parecería lógico que para explicar/justificar la decisión hubieran expuesto las alternativas o los condicionantes que han tenido en cuenta. Si no lo han hecho, aquí les podemos proporcionar algunas cuestiones que, de haberse contemplado, quizá les hubieran llevado a repensar su intención:

• Se ha manifestado que la medida supone claramente un incremento de los ingresos por entradas. En el caso mencionado se pasará de 300 mil a 7 millones de euros (al parecer brutos), lo cual sería una aportación extraordinaria indudablemente importante. Pero ¿merece la pena arriesgarse a un descenso de visitas y a comprometer la reputación de los museos para ingresar esa cantidad? Posiblemente no, porque los ingresos por entradas en estos museos se rigen por el sistema de caja única; o lo que es lo mismo que tanto lo que entra como lo que sale se centraliza en una tesorería única, a quien corresponde la gestión de los recursos. En definitiva, no hay garantía de que en los presupuestos anuales se añadirán los ingresos del año precedente, a pesar de que se ha mencionado que existe tal compromiso por parte de los responsables de la Hacienda. Esto está por ver, así que cabe dejar su juicio en suspenso, aunque no perderé la oportunidad de decir que el incremento de ingresos tendría mayor alcance si el esfuerzo se dirigiera a conseguir esos millones mediante otras vías como el patrocinio o el mecenazgo. De hecho seguramente se conseguiría mucho más dinero.
• No está del todo claro que exista una relación directa entre pago de entrada y descenso de visitantes, o entre la gratuidad y el ascenso de visitantes. Lo que se recomienda es que las medidas a adoptar, sobre todo cuando son un cambio drástico, deben ser explicadas a la ciudadanía de manera adecuada. El propósito, que no es más que hacer un ejercicio de transparencia y pedagogía del uso de medios públicos es, si cabe, más importante cuando se van a gravar servicios que antes eran gratuitos (porque, evidentemente, es más fácil explicar la súbita gratuidad que lo contrario). Está claro que se debe explicar convenientemente y esto no se ha hecho. Y menos aún se ha explicado cuál va a ser el destino concreto del dinero.
• Por otro lado, empezar a cobrar por la entrada debería considerarse una oportunidad para mejorar el servicio al usuario, lo que implica la adopción de un sistema moderno de venta de entradas, con compra por Internet, posibilidad de reservas, control de accesos, etc… Para conseguirlo se puede hacer a través de una concesión empresarial, que de algún modo debe detraer su beneficio del importe de la entrada, o endosar la gestión al personal existente, lo que implica costes en formación y encajar la nueva ocupación en las labores inherentes al puesto; en ambos casos hay que asumir una nueva infraestructura técnica cuyo valor también debe amortizarse a partir de los ingresos. La conclusión es ¿realmente se recogerán los millones señalados, o se trata de una cifra computada antes de gastos?
• Se ha dicho que el gasto se destinará a la conservación del patrimonio. Sabemos que la función que más recursos requiere a los museos provinciales es la conservación de los fondos, lo que conlleva que otras funciones como la documentación, investigación y difusión adquieran un peso importante en la carga cotidiana de las actividades de estos centros; y parece ser que estos son los gastos que se van a cubrir con los nuevos ingresos. Naturalmente la pregunta que surge es ¿si ya sufrago esta custodia a través de los impuestos, debo considerar este nuevo cobro como un “copago”? Es más ¿el cobro en los museos públicos es un nuevo impuesto al usuario? Algunos ven en estas iniciativas un repago que ayuda a desmontar el estado del bienestar, aunque también podemos verlo como una gestión poco eficaz que renuncia a incorporar fórmulas idóneas para hacer sostenible la custodia patrimonial y que van desde la eficiencia al ahorro, pasando por la inversión en tecnología y, nuevamente, la educación temprana o la concienciación ciudadana. Nada de eso parece verse aquí.
• Pero hay más. La función que afecta de manera más visible a los usuarios es la relativa a la exposición de los fondos, por la relación directa con el  público. No obstante, la función expositiva, la relativa a la exhibición pública permanente, ordenada de manera científica y accesible, supone un impacto de menor trascendencia en lo que se refiere al consumo de recursos materiales y humanos, pues su coste puede observarse en términos de relación entre inversión y perdurabilidad. Así que la pregunta se debe centrar en si no sería más adecuado que lo ingresado se utilizara en renovar o mantener la exposición, o en añadir valor a la acción cultural.

Con lo sencillo que hubiera sido declarar que el cobro de entrada en los museos públicos, partiendo de una situación de acceso universalmente gratuito, no era sino una manera de cubrir el coste operativo en lo servicios. En su lugar, tratan de ocultar que quieren enjugar un posible impacto mediático negativo anunciado la medida como el resultado de una obligación patrimonial perentoria, sin darse cuenta de que el uso más justo de ese dinero es destinarlo a costear mejores servicios en los museos.

El quid de la cuestión está esto último. La justificación para cobrar la entrada en los museos públicos debería ser que el dinero recaudado servirá para mejorar la experiencia de la visita, para incorporar nuevas tecnologías, para mejorar la difusión de las colecciones y de los centros, para la transformación digital, para optimizar la conectividad y la investigación compartida, para el avance de la organización y la mejora del trabajo y los trabajadores, para fomentar la accesibilidad y el conocimiento de públicos, o incluso para mejorar la evaluación de las políticas culturales.

Mi preocupación está en que cunda el ejemplo y otras administraciones públicas orienten sus políticas a gravar el acceso a la cultura. Parece que cuanto más tratan los museos de avanzar más parece que haya fuerzas que quieran detener su progreso, quizá porque intuyen que son una poderosa herramienta de cambio positivo. Y lo hacen ofreciendo soluciones simplistas a problemas que solamente existen en sus mentes prejuiciosas.

No nos conformemos.

Lo que no se paga no se valora

Interesante reflexión que habréis oído infinidad de veces aplicada a los servicios públicos. Y seguramente muchos estáis de acuerdo con lo que expresa. Es posible que incluso lo hayáis planteado con otras palabras: “lo que es gratis no merece la pena”. A mi parecer se trata de una falacia asentada en la convicción de que siempre que se presta un servicio es preciso que exista compensación económica a cambio y en la certeza, derivada de lo anterior, de que es válida también para los servicios públicos. El problema es que la frase, así aplicada, es una manera de inducirnos a pensar que la calidad de los servicios públicos puede estar determinada por su coste o, lo que es lo mismo, que si algo tiene un precio bajo es porque su calidad es inferior. Estos, en materia de cultura, son axiomas al menos discutibles, del mismo modo que lo son en el caso de la educación o de la sanidad.

Como veis, es posible inferir multitud de explicaciones a partir del título del post. Seguro que todas tienen su parte de razón y seguro que todas son en parte falsas. Yo no voy a evaluarlo en términos estrictamente económicos, sino que intentaré hacer un análisis desde el punto de vista de los museos públicos.

Cuando un servicio no funciona bien (o le parece a alguien que es así), una de las soluciones más sencillas a adoptar es la emulación de fórmulas de gestión que tienen éxito en otros lugares. Ya sea educación (¡el mejor modelo es el finlandés!), sanidad (¡en EE.UU están pensando en aplicar el modelo español de la seguridad social!), energía (¡los alemanes están apostando por…!), tendemos a tratar de copiar remedios ya contrastados pero olvidando que las soluciones a los problemas no son universales, como tampoco lo son las sociedades y menos aún la solvencia de los políticos. Que otros apliquen un modelo que les funciona bien no significa que sea mejor que lo que tenemos y tampoco es cierto que las soluciones externas sean fácilmente aplicables en un entorno diferente: en nuestro caso el español. Seguramente podrán servir de inspiración, pero lo que está claro es que la simple imitación no es un remedio magistral, sobre todo si no hacemos un análisis previo de los condicionantes y de la viabilidad de lo que se quiere aplicar.

La reflexión sobre el cobro o gratuidad es un debate recurrente: ejemplos recientes son la noticia la gratuidad en el acceso al Museo Patio Herreriano a partir de 2017, este reportaje sobre la cuestión, o más recientemente el anuncio de la intención de regular mediante pago las visitas al Panteón de Agripa. En el caso de los museos cuando surgen estos debates siempre me pregunto: ¿alguien ha analizado el público del museo y tomado una decisión sobre la base de ese análisis? ¿Las tarifas del museo se establecen por comparación, por intuición o porque alguien ha valorado el impacto de adoptar una u otra medida? Y las exenciones, ¿por qué son esas y no otras? ¿Qué motivo nos lleva a establecer visitas explicadas cautivas a un monumento? Y los horarios de apertura, ¿son lógicos...? Perdón que me dejo llevar…

Si escaso o nulo es el estudio de los requisitos de acceso a los museos públicos, se puede decir que inexistente es el análisis generado desde la premisa de que el valor que tiene la visita al museo debe primar por encima de la asignación de un precio, de la exigencia de una contrapartida económica para acceder al beneficio cultural. ¿Y por qué, me diréis, si está claro que su mantenimiento y puesta a disposición del ciudadano genera unas cargas y una asignación de recursos? Pues por una sencilla razón: porque ya pagamos unos impuestos que deben destinarse a sufragar esos costes. Porque lo que custodian esos museos es patrimonio cultural que debe ser universalmente accesible, porque en ese ámbito su acceso básico debe ser gratuito y porque de no hacerlo así estaremos poniendo barreras a su transmisión plena. Y si buscamos una respuesta más pragmática porque, por mucho que queramos, en el modelo museístico español los ingresos por entradas no cubren los costes operativos en la mayor parte de los casos; y no sólo eso, sino que en el caso de museos públicos los ingresos no revierten a la propia institución sino a la administración gestora, que lo ingresa en una caja común.

Dejando a un lado casos excepcionales, y siguiendo esta línea argumental, me podréis plantear que los museos ya no son solamente un bien esencial sino un recurso económico, con posibilidades de convertirse en motor económico, sobre todo en zonas deprimidas, un generador de empleo de calidad y un elemento para evitar la despoblación y bla, bla, bla… Podréis decir, ciertamente, que las estadísticas culturales así lo demuestran, que el gasto por persona en cultura tiende a crecer, o podréis mencionar la importante participación de la cultura en el PIB. No voy a negar el valor económico de los recursos patrimoniales, pero en este caso es muy común la tentación de reducir los argumentos para convertirlos en un mantra repetido de manera interesada entre los “malos” gestores públicos, los cuales tratan de camuflar sus carencias al amparo de la incorporación de una economía de mercado a la tarea de administrar los museos. Ante esto, yo me pregunto si los más ardientes defensores del cobro para la entrada a museos públicos estarían dispuestos a someter sus emolumentos al cumplimiento de objetivos.

Los datos, inapelables en lo cuantitativo, no son tan ciertos cuando los bajamos al terreno de lo inmediato o cuando nos referimos a casos concretos, sobre todo si como es habitual no ha existido planificación museística previa (concretamente en los aspectos que interesan a un plan de viabilidad). En consecuencia, el mensaje a los gestores públicos debe ser que la buena gestión no se encuentra en la capacidad para generar ingresos mediante el simple cobro de entradas, sino que deben buscarse alternativas que hagan sostenible a la institución: responsabilidad social corporativa, fórmulas de patrocinio y mecenazgo, transparencia, etc…

Foto Pixabay

Es más, admitiendo que el cobro de una entrada fuera irrenunciable: ¿qué criterios debemos utilizar para establecer la tarifa? Entre otras cosas porque la percepción sobre si un precio está bien establecido es altamente subjetiva. Hazte las siguientes preguntas: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por entrar a un museo? y ¿de qué depende tu percepción sobre el precio? Puede depender de tu interés en verlo (si eres aficionado al tema que trata), de que sea el típico museo que no puedes dejar de ver (el Museo Nacional del Prado si vas a Madrid), de que la visita la hagas sólo o acompañado y quieras asumir todo el coste (una simple visita de 3 € puede convertirse en 12 € para una familia media), del prestigio del museo y sus campañas de promoción (un museo con buen marketing tiene mayor tirón), de la comparación con otros (¿qué tiene ese museo para que cueste tanto?), del tipo de visita que pretendes hacer (corta, larga, una sala…).

En definitiva, la experiencia de la visita es múltiple y por tanto no es posible crear precios ajustados a cada realidad. No obstante, si no podemos dejar de aplicar generalidades, lo que si podremos hacer es buscar soluciones que asimilen el mayor número de situaciones. Para ello lo primero que debemos hacer es preguntar al visitante (real o posible) sobre la valoración que hace de la entrada: si debe ser gratuita o debe pagarse, cuánto estaría dispuesto a pagar, en qué circunstancias, etc. Y sobre esa información establecer una política de precios que permita conjugar el acceso público con las necesidades del museo, teniendo en cuenta que las modificaciones en el precio a la alta o a la baja pueden emitir un mensaje de elitismo o banalización.

No dejemos tampoco de explorar posibilidades de mejora en la política de precios, como la aplicación de determinadas exenciones, el uso de bonos de visita para el propio centro o en colaboración con otros centros y servicios, la reducción de precios acompañada de una explotación optimizada de otros servicios del museo (tiendas, consignas, cafeterías) o, como ya se empiezan a plantear en algunos museos, la aplicación de precios variables según demanda (encarecimiento los fines de semana o encarecimiento progresivo hacia períodos finales de exposiciones temporales, horas de acceso más baratas…).

A la afirmación de “lo que no se paga no se valora” quizá habría que contraponer la afirmación “aprende a valorar lo que visitas y entiende su coste y precio” (una manera sencilla de resumirlo sería la genial frase de Quevedo de que “todo necio confunde valor y precio”). En este caso lo primero que deberíamos tener en cuenta es el valor de la cultura y su acceso y transmisión como derecho fundamental, teniendo en cuenta también los beneficios que genera en el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestra identidad individual o común. La explicación de estos principios es otro trabajo a añadir a la labor que habitualmente hacemos en los museos.